Por Luis Herrera

La inversión jalisciense de casi 900 MDP para poner en marcha un C5 o Escudo Urbano con 6 mil 400 cámaras sigue sin rendir frutos, y sin ofrecer información útil para investigar los hechos de violencia en la entidad, ha advertido el gobernador, Enrique Alfaro Ramírez.

Los incumplimientos y rezagos que rodean al proyecto del Escudo Urbano o Centro de Coordinación, Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo de Jalisco (C5), mismo que debió quedar concluido completamente en septiembre de 2018, han provocado que el estado siga teniendo apenas poco más de 800 cámaras de videovigilancia operando en todo su territorio.

La mala gestión de este proyecto por parte del gobierno del ex mandatario del PRI, Aristóteles Sandoval Díaz, quien lo heredó al actual gobernador Enrique Alfaro Ramírez, sin estar en funcionamiento pleno, ha causado que el sistema de videovigilancia de Guadalajara siga estando muy por debajo del que ya tienen otras ciudades relevantes del país.

De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), a octubre de 2018 en todo Jalisco estaban en funcionamiento únicamente 839 cámaras de videovigilancia de las autoridades de seguridad locales, a pesar de los severos problemas de inseguridad que enfrenta el estado

Las entidades que siguen estando a la cabeza en esta materia son la Ciudad de México y el Estado de México, la primera con un sistema de videovigilancia que alcanza las 12 mil 836 videocámaras (15 veces el tamaño del que está funcionando actualmente en Jalisco), y el segundo con 10 mil 131 videocámaras (12 veces el tamaño del sistema jalisciense).

Sin embargo, las capacidades de videovigilancia con fines de seguridad del estado de Jalisco también son superadas por otras seis entidades federativas, a saber: por Guanajuato, con 2 mil 228 cámaras; Tamaulipas, con 2 mil 142 cámaras; Michoacán, con mil 260 equipos; Hidalgo, con mil 180 cámaras; Morelos, con mil 008 equipos y Chihuahua, con 931 de estos ojos electrónicos.

No obstante, si la empresa encargada del proyecto del C5 jalisciense: CIS International Limited, hubiera cumplido cabalmente con sus obligaciones contractuales, y si la administración de Sandoval Díaz hubiera acompañado debidamente la implementación del mismo para evitar los rezagos que ahora presenta, desde septiembre pasado el estado podría estar recolectando información valiosa de 6 mil 400 cámaras, que son las contempladas en este malogrado plan.

Esto significa que en el momento en que Jalisco logre tener en operación la totalidad de esas 6 mil 400 cámaras que están previstas en el contrato de CIS International Limited, entonces el sistema de videovigilancia del estado será el tercero de mayores dimensiones a nivel nacional, de acuerdo con el registro en la materia del SESNSP.

El 8 de octubre de 2018, el entonces gobernador de Jalisco, Sandoval Díaz, puntualizó que la empresa a cargo de la construcción del C5 llevaba instaladas 3 mil 600 cámaras en la metrópoli de Guadalajara, pero sin precisar cuántas de ellas ya estaban funcionando adecuadamente. Aquel mismo día el mandatario reconocía ya abiertamente que heredaría un C5 incompleto:

El 14 de noviembre de 2018 el entonces titular de la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas del Estado, Héctor Pérez Partida, dio a conocer que de los 895 millones de pesos que costará el C5 en cifras totales, ya se le habían pagado al proveedor 572 millones de pesos.

Todos estos rezagos que presenta el C5 jalisciense, sin embargo, están teniendo una repercusión directa en el ámbito de la seguridad pública, pues tanto el actual gobernador, Alfaro Ramírez, como su fiscal general, Gerardo Octavio Solís Gómez, han advertido que hasta el momento el sistema de videovigilancia no ha aportado registros visuales útiles para indagar los hechos de violencia que cotidianamente se presentan en la entidad.

El 10 de diciembre pasado Alfaro Ramírez aseguró que la auditoría que se desarrolla sobre las obras del C5 también evaluará los aspectos técnicos del sistema, para determinar las causas por las que no ha servido para obtener información oportuna sobre la violencia homicida en el estado. Así lo señaló:

“Estoy pidiendo que a la auditoría que ya está en curso, que tiene que ver con revisar los términos del contrato del C5, del Escudo Urbano, se puedan agregar dos cosas que nos parecen fundamentales: una, los elementos técnicos que hemos ido encontrando como deficiencias dentro del proceso de entrega recepción (…) para poder entender una serie de cosas que no nos quedan claras, y que más allá de los términos del contrato sería una auditoría técnica, a partir de los elementos del proceso de entrega recepción”

Y agregó: “Eso evidentemente podría abrir otras rutas de investigación porque lo que nos parece es que difícilmente se pueda explicar o justificar cómo es posible que cada vez que pasa algo importante en la ciudad nos damos cuenta que las cámaras estaban en condiciones, o más bien, estaban sin las condiciones necesarias para poder tener elemento de video que nos permitan también (tener) soporte para las investigaciones que estamos haciendo; nunca se graba nada, algo está pasando adentro”.

Unos días después, el 17 de diciembre pasado, el fiscal, Gómez Solís, confirmó estas deficiencias del C5: “Todos esos indicios (sobre casos de violencia) han sido de obtención directa en el lugar de los hechos o de manera indirecta con testigos o cámaras particulares. El C5 no nos ha dado información como para robustecer las investigaciones”.